El Grupo de Trabajo de Jueces Generales retirados de Estados Unidos emitió este sábado una declaración en la que califica como crímenes de guerra y asesinato las órdenes del Pentágono de “matar a todo el mundo” a bordo de embarcaciones civiles supuetamente sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
La denuncia surgió tras revelaciones del Washington Post y CNN, que reportaron que el secretario de Guerra de EEUU ordenó personalmente atacar un buque civil el 2 de septiembre de 2025, operación que culminó con la muerte de los 11 tripulantes, incluidos dos supervivientes que, según las publicaciones, fueron ejecutados en un segundo ataque mientras se aferraban a los restos del barco destruido.
Órdenes patentemente ilegales
En su declaración del 29 de noviembre, el grupo de exjueces señala de manera unánime que, de confirmarse los hechos, tanto la impartición como la ejecución de esas órdenes constituyen “crímenes de guerra, asesinato o ambas cosas”.
Los jueces recordaron que el grupo fue creado en febrero de 2025, después de que el secretario de Guerra destituyera a los jueces generales del Ejército y de la Fuerza Aérea, eliminando según denunciaron entonces los mecanismos legales que previenen este tipo de abusos.
“Las órdenes de ‘matar a todo el mundo’, que pueden considerarse razonablemente como una orden de ‘no dar cuartel’, y de ‘disparar dos veces’ para matar a los supervivientes, son claramente ilegales según el derecho internacional. En resumen, son crímenes de guerra”, subraya el documento.
El grupo remarcó que, incluso si la Administración Trump insiste en tratar estas operaciones como un “conflicto armado no internacional”, nada en el derecho internacional permite atacar a náufragos indefensos.
Si, por el contrario, estas operaciones no son parte de ningún conflicto armado, las autoridades civiles y militares involucradas quedarían sujetas a procesos penales en EEUU por asesinato, de acuerdo con el Código Penal estadounidense.
Obligaciones internacionales ignoradas
En un extenso análisis jurídico, los exjueces recordaron que:
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El Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra prohíbe terminantemente matar a combatientes fuera de combate, heridos o náufragos.
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La Convención de La Haya de 1907 prohíbe explícitamente las órdenes de “no dar cuartel”.
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El derecho marítimo obliga a rescatar a los supervivientes de un ataque.
“No existen otras opciones”, sostienen. “Las Convenciones de Ginebra y las leyes del mar prohíben a las fuerzas estadounidenses hacer cualquier cosa a los supervivientes salvo rescatarlos. Ciertamente les prohíben matarlos”.
Los jueces señalaron además que las violaciones reportadas encajan en el delito de crímenes de guerra establecido por el Título 18 del Código de EEUU §2441, perseguible en tribunales estadounidenses, sin importar dónde haya ocurrido el ataque.
Llamado al Congreso y advertencia a los militares
El grupo exigió una investigación inmediata del Congreso, afirmando que el pueblo estadounidense debe oponerse a cualquier política que implique atacar a personas “fuera de combate”.
También lanzaron una advertencia directa a los integrantes de las fuerzas armadas:
“Órdenes como las descritas son ‘órdenes patentemente ilegales’. Todos los militares tienen el deber de desobedecerlas”.
La declaración subraya que ningún miembro de las fuerzas armadas puede escudarse en órdenes superiores cuando estas implican crímenes de guerra o ejecución de civiles indefensos.
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