La nominación de Marshall Billingslea como subsecretario de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos generó en septiembre 2019 un amplio rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertaron sobre su historial de respaldo a prácticas de interrogatorio consideradas torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En una carta enviada al Senado estadounidense, una coalición de más de 30 organizaciones no gubernamentales expresó su oposición frontal al nombramiento promovido durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Las ONG señalaron que Billingslea carecía no solo de la formación adecuada para el cargo, sino también de la credibilidad ética necesaria para representar la política de derechos humanos de Estados Unidos.
Una nominación incompatible con los derechos humanos
El documento, firmado por entidades como Amnistía Internacional EEUU, Human Rights Watch, Human Rights First y Robert F. Kennedy Human Rights, advertía que el cargo al que aspiraba Billingslea era el de mayor jerarquía en el poder ejecutivo estadounidense en materia de promoción de derechos humanos, prevención de atrocidades masivas y protección de refugiados.
Este subsecretario supervisaba oficinas clave como:
- La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL)
- La Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM)
- La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL)
- La Oficina de Operaciones de Conflicto y Estabilización (CSO)
Según las ONG, su titular debía ser un defensor firme de la prohibición absoluta de la tortura, algo que Billingslea no representaba.
Señalamientos directos por prácticas de tortura
De acuerdo con el informe del Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos (SASC), Billingslea alentó el uso de técnicas de interrogatorio que equivalían a tortura mientras se desempeñaba como subsecretario adjunto principal de Defensa para Operaciones Especiales durante la administración de George W. Bush.
Entre las prácticas promovidas estaban:
- Privación prolongada del sueño
- Aislamiento extremo
- Modulación sonora a altos decibeles
- Técnicas destinadas a quebrar psicológicamente a los detenidos
El informe señalaba que Billingslea recomendó personalmente al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizar estas prácticas contra el detenido mauritano Mohamedou Ould Slahi en la prisión de Guantánamo, aun cuando abogados militares de alto rango advirtieron que violaban el derecho penal estadounidense y el Código Uniforme de Justicia Militar.
Una anotación manuscrita en su memorándum indicaba que “no veía problemas normativos” en estos métodos, pese a que el manual del Ejército calificaba la privación del sueño como una forma de “tortura mental”.
Rechazo transversal de organizaciones civiles
Las organizaciones firmantes advertían que la designación de Billingslea representaba una grave contradicción, ya que el funcionario debía explicar y defender ante el mundo la postura oficial de Estados Unidos contra la tortura, cuando su historial demostraba lo contrario.
El documento señalaba que su nombramiento pondría en riesgo la credibilidad del país en materia de derechos humanos y enviaría un mensaje preocupante a las víctimas de violaciones y a los defensores civiles a escala global.
Nominación estancada y traslado a otros cargos
La fuerte presión política y social impidió que su confirmación avanzara en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dejando su nominación estancada. Posteriormente, Billingslea fue designado en otros roles dentro de la administración Trump, incluyendo el de Enviado Especial Presidencial para el Control de Armas, un cargo que no requería aprobación del Senado.
