El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, solicitó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenar las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el mar Caribe.
Moncada hizo entrega de una carta dirigida al secretario general, António Guterres, en la que denuncia los comentarios sesgados de su portavoz, Stéphane Dujarric.
“Ante la inacción del secretario general António Guterres para abordar este asunto, que le hemos ya planteado en múltiples ocasiones de manera privada, hacemos ahora esta denuncia pública, con la esperanza de que se ponga por fin de una vez por todas a esta práctica”, comunicó el representante permanente de Caracas ante el organismo, Samuel Moncada.
En el documento se manifiesta a Guterres la “profunda consternación” y el “categórico rechazo” de las autoridades venezolanas “ante lo que ahora parece ser un asunto recurrente, a saber, los comentarios sesgados de su portavoz a la hora de abordar cuestiones relativas a la escalada de la situación frente a las costas de Venezuela, como resultado del creciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe y la perpetración de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales”.
“No es la República Bolivariana de Venezuela la que lleva a cabo acciones hostiles, maniobras provocadoras e intimidatorias a pocos kilómetros del territorio de EEUU, con bombarderos B1-B que vuelan directamente hacia el espacio aéreo estadounidense. No es la República Bolivariana de Venezuela la que despliega un gran número de recursos y tropas militares, incluyendo un submarino con capacidad nuclear, a pocas millas de EEUU”, ilustró el diplomático.
A ello sumó que no ha sido su país el que “despliega el portaviones más grande del mundo a pocas millas del territorio de EEUU”, ni el que “ha llevado a cabo casi 20 ataques aéreos contra pequeñas embarcaciones de pescadores, a pocas millas del territorio de EEUU”, con los que se ha ejecutado extrajudicialmente a unas 70 personas.
Por otro lado, Moncada ratificó que Venezuela, como al resto de Estados soberanos, le asiste el derecho legítimo de realizar ejercicios militares dentro de su propio territorio, en respuesta a una amenaza extranjera explícita e inminente, de conformidad con lo consagrado en la Carta de la ONU.
“Estas acciones de autoprotección no pueden equipararse en modo alguno a las de carácter ofensivo que actualmente lleva a cabo EEUU”, puntualizó.
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