La defensa del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, elevó este lunes una fuerte denuncia contra el Gobierno de Daniel Noboa, acusándolo de incumplir acuerdos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
La abogada Sonia Vera, representante legal del exmandatario, señaló que el reciente traslado de Glas a una prisión de máxima seguridad se efectuó sin el debido proceso legal. Además, con una exposición pública humillante en plataformas de comunicación gubernamentales.
La crítica de la jurista se intensificó tras la difusión, por parte del propio presidente Noboa, de fotografías de Glas en su nuevo centro penitenciario, acompañadas de la leyenda: “Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales”. Este acto, según la abogada, configura un “acto de desacato y humillación institucional, prohibido por los estándares internacionales”.
Vera detalló que cualquier exposición pública incompatible con la dignidad humana impone al Estado un deber reforzado de protección. La letrada enfatizó que la reubicación carcelaria se realizó “sin notificación a la defensa, sin informe médico y sin la intervención de la Mesa Técnica ordenada por el sistema interamericano, lo que configura una violación grave de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
La abogada Vera advirtió que este proceder, presuntamente avalado por instituciones que deberían ser garantes del ordenamiento legal en el país, compromete la responsabilidad internacional de Ecuador y pone en riesgo directo la vida e integridad del exfuncionario. El caso ocurre en medio de una profunda crisis penitenciaria y tensiones políticas en Ecuador, donde el sistema carcelario se ha convertido en un instrumento de presión.
Caso Jorge Glas
Cabe destacar que Glas quedó detenido en abril de 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, a pesar de contar con asilo político concedido por el país norteamericano. Desde entonces, está recluido en condiciones cuestionadas por diversos organismos internacionales.
Actualmente, el exvicepresidente figura entre los 300 reclusos considerados de alta peligrosidad trasladados a la “Cárcel del Encuentro”, un centro que aún no ha sido oficialmente inaugurado.
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