Jueza federal en Estados Unidos (EEUU) indicó que intervendrá en la disputa que enfrenta al Gobierno de Trump con una coalición de fiscales generales y gobernadores demócratas, a raíz de la decisión de no utilizar miles de millones de dólares en fondos de emergencia destinados a cubrir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocidos como cupones de alimentos.
Asimismo, la jueza federal del Tribunal de Distrito de EEUU, Indira Talwani, expresó su dificultad para comprender cómo la situación no constituye una emergencia. Esto cuando millones de beneficiarios de los cupones de alimentos están en riesgo de quedarse sin sus pagos.
Riesgo inminente para 42 millones de estadounidenses
La jueza Talwani señaló que emitirá su decisión, sugiriendo que será favorable a la demanda que busca obligar al Gobierno a recurrir a los fondos. No obstante, reconoció que, aunque se emita una orden de emergencia, los beneficios de noviembre sufrirán un retraso inevitable.
Cerca de 42 millones de estadounidenses dependen de estos cupones de alimentos, que son una parte crucial de la red de seguridad social. La preocupación principal se centra en el déficit del fondo de contingencia, que actualmente solo posee alrededor de US$5.300 millones.
Aunque la jueza ordene al Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) utilizar estos recursos, no está claro si los beneficiarios recibirán la totalidad de pagos. Además, la implementación del cambio por parte del USDA y los estados tomará tiempo, lo que significa que la asignación se retrasará.
Gran parte del debate legal se centró en la intención del Congreso al crear la ley que rige el programa SNAP. La jueza recalcó varias veces que la ley federal establece que, cuando el Gobierno no puede pagar la totalidad de los beneficios, debe reducir la cantidad asignada, no suspender el programa completamente.
La intervención judicial se suma a una serie de acciones legales urgentes a medida que el cierre del Gobierno se acerca a su primer mes. En su demanda, los fiscales y gobernadores demócratas argumentaron que la decisión del USDA de no usar el fondo de reserva viola la ley federal.
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