Una investigación de The Washington Post reveló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, amenazó al Departamento de Justicia para garantizar la entrega de líderes de la MS-13 al presidente salvadoreño Nayib Bukele, en el marco de un polémico acuerdo impulsado por la administración Donald Trump.
De acuerdo con el reportaje, Rubio prometió a Bukele el regreso de nueve cabecillas de la pandilla, incluso cuando varios de ellos estaban bajo protección estadounidense como informantes clave en investigaciones contra el crimen organizado. El trato, negociado en secreto, buscaba asegurar la cooperación del gobierno salvadoreño en la deportación masiva de inmigrantes venezolanos y otros latinoamericanos desde Estados Unidos hacia El Salvador.
Un pacto que puso en riesgo la justicia y la vida de migrantes
La revelación expone cómo el gobierno de Trump utilizó acuerdos con gobiernos aliados en Centroamérica para sostener su agenda antimigrante, sacrificando incluso la seguridad de personas bajo custodia o de civiles inocentes. Según funcionarios citados por el Post, el plan de Rubio habría socavado años de trabajo del Departamento de Justicia y comprometido la protección de quienes colaboraban con las autoridades.
El pacto, calificado como “una traición a las fuerzas del orden estadounidenses”, permitió a la administración Trump acceder al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión salvadoreña conocida por sus duras condiciones, donde fueron recluidos cientos de deportados, incluyendo venezolanos.
Trump, Bukele y un acuerdo de conveniencia política
El reportaje describe el entendimiento entre Trump y Bukele como una transacción de intereses mutuos: el primero buscaba acelerar deportaciones para fortalecer su discurso antiinmigrante, mientras el segundo pretendía consolidar su imagen de “mano dura” frente al crimen, al tiempo que ocultaba acuerdos de su gobierno con la MS-13.
Sin embargo, la decisión de entregar a los pandilleros a El Salvador habría puesto en riesgo investigaciones estadounidenses sobre los vínculos entre funcionarios de Bukele y la estructura criminal.
Funcionarios de justicia y exagentes del FBI consultados por el Post denunciaron que el proceso fue manipulado por razones políticas y que las deportaciones masivas “borraron pruebas valiosas” de cooperación e inteligencia.
Migrantes, las víctimas
En medio de este entramado, los migrantes venezolanos deportados a territorio salvadoreño fueron los grandes perjudicados. Muchos fueron enviados a instalaciones inhumanas sin garantías legales, como parte de una política de castigo colectivo diseñada por Washington para atacar a Venezuela y su gobierno.
