Los 21 ciudadanos españoles, entre activistas y periodistas de la Flotilla humanitaria repatriados a España este domingo, han alzado la voz para denunciar malos tratos y un trato “vejatorio e inhumano”, durante su detención por parte del Ejército de Israel.
Aseguran que fueron tratados “como animales” y reportaron agresiones físicas directas, detallando que las fuerzas israelíes los “golpearon, arrastraron por el suelo y ataron de pies y manos”.
Además, indicaron que se les firmó su deportación sin su consentimiento y en su nombre, falsificando su ingreso ilegal a Israel.
Los testimonios gráficos recogidos por los repatriados describen un patrón de negación de asistencia básica y amenazas.
Señalaron que se les negó la atención médica urgente en reiteradas ocasiones; un ciudadano de 75 años, que solicitaba insulina durante tres días, recibió como respuesta de un soldado: “No tenemos médicos para animales en la cárcel”.
Describieron también a una mujer que pedía medicina para una patología cardíaca; fue informada de que solo sería urgente “cuando se le parase el corazón”.
A esto se sumó la privación de agua potable, el suministro de comida caducada o en mal estado y periodos de 24 horas sin alimentos.
Denuncian acoso
El grupo de detenidos denunció que las autoridades buscaban alterar su descanso cambiándolos continuamente de celda.
El nivel de amenaza escaló, según relató uno de los periodistas, hasta el punto de que en el módulo de hombres, soldados entraron con armas y les apuntaron a partes vitales, como la cabeza o el corazón, provocando que algunos temieran por su vida.
Los profesionales destacaron que su identificación como prensa acreditada los convirtió en “objeto de especial violencia y un objetivo militar prioritario”.
Demandan presión internacional a Israel
Ante la gravedad de los hechos, el colectivo exige la intervención internacional. En su comunicado, solicitaron al gobierno de España y a la comunidad internacional que presionen a Israel para que se garantice el derecho a la información.
Esta petición se fundamenta en la confiscación de todo su material de trabajo, incluyendo cámaras, identificaciones de prensa y libretas, lo cual impide que puedan contar desde el terreno lo que está ocurriendo y documentar las violaciones.
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