La familia de Alejandro Carranza, un pescador colombiano identificado por el presidente Gustavo Petro como una de las víctimas civiles de los ataques de Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe, presentó una denuncia formal contra Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esta acción, revelada inicialmente por The Guardian y confirmada por EL PAÍS, marca la primera reclamación internacional presentada contra la campaña militar lanzada por órdenes de Donald Trump en septiembre.
Más de 80 personas han muerto en esta operación desde su inicio. El documento de la petición, al que los medios internacionales tuvieron acceso, cuenta con el respaldo de Daniel Kovalik, un abogado de derechos humanos y representante del presidente Petro en diversos litigios internacionales.
La solicitud detalla el incidente: “El 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó el barco de Alejandro Andrés Carranza Medina, en el que navegaba por el Caribe, frente a las costas de Colombia. Murió en el bombardeo”.
La familia asegura que Carranza, ciudadano colombiano, era un pescador que salió a faenar y nunca regresó a su hogar. La denuncia apunta directamente contra el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth.
Se le responsabiliza de “ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas”.
Según reportes de la prensa estadounidense, Hegseth ha instruido “matar a todos” los tripulantes de las embarcaciones sospechosas, incluso sin confirmación de sus lazos con el narcotráfico.
El documento también subraya que el presidente Trump ha ratificado la conducta del secretario Hegseth. La esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal, firma la petición.
Ella señala que “Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” al cometer un “asesinato extrajudicial”.
La familia acusa a EEUU de violar los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a un juicio justo y al debido proceso legal.
Un testigo ocular del asesinato, un líder de una asociación de pescadores en Santa Marta, apoya el reclamo, aunque ha pedido reservar su nombre por “amenazas de paramilitares”.
A finales de octubre, el presidente Petro denunció que el ataque del 15 de septiembre afectó a un pescador, que no tenía vínculos con el narcotráfico, y presumiblemente ocurrió en aguas colombianas.
Trump, en contraste, afirmó que en la operación murieron tres “narcoterroristas venezolanos” que transportaban drogas ilegales con destino a EEUU.
La ONU y organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado los bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional.
La campaña militar, denominada Lanza del Sur, se inició en el Caribe y se extendió al Pacífico, cobrando la vida de más de 80 personas. Solo se han identificado a dos supervivientes, un colombiano y un ecuatoriano.
Ellos fueron liberados en sus países tras no probarse delitos en su contra, luego de que el “narcosubmarino” en el que navegaban fuera atacado en octubre.
La CIDH, órgano de la OEA, promueve y protege los derechos humanos en el continente. Si halla responsabilidad en un Estado miembro, como EEUU, puede emitir un informe con recomendaciones, reparaciones o sanciones.
En caso de no lograr una solución amistosa, los casos pueden ser elevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
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