La Casa Blanca confirmó este lunes un ataque militar contra una lancha con presuntos vínculos narcoterroristas en el Caribe el pasado 2 de septiembre. Sin embargo, la administración insistió en la legalidad de la operación y exoneró de responsabilidad directa al secretario de Guerra, Pete Hegseth.
En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, leyó un comunicado oficial en rueda de prensa. Según el texto, el secretario Hegseth autorizó al almirante Frank Bradley, entonces comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, para llevar a cabo “estos ataques cinéticos”. La administración sostiene que la acción, ocurrida en aguas internacionales, estuvo “en conformidad con el derecho en conflictos armados”.
Posteriormente, Leavitt defendió la actuación del almirante Bradley, afirmando que “actuó con eficacia, dentro del marco de su autoridad y de la ley”. La justificación legal, según la portavoz, radica en que los grupos narcoterroristas fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, sujetas a “ataques letales”.
Es importante mencionar, que esta declaración surge como respuesta a un informe de The Washington Post, que reveló detalles de la operación. El diario citó fuentes anónimas que señalaron un segundo ataque contra supervivientes del bombardeo inicial, donde fallecieron las once personas a bordo.
Mientras la Casa Blanca defiende la operación, varios comités del Congreso iniciaron una supervisión intensificada del caso. Estos comités están enviando solicitudes de información y preparan revisiones para investigar los hechos en los próximos días.
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