Una revelación del Washington Post ha desatado una crisis política en Estados Unidos al exponer que el secretario de Guerra de Donald Trump, Pete Hegseth, habría ordenado verbalmente “asesinar a todos sobrevivientes” de una embarcación atacada el 2 de septiembre en el Mar Caribe. Legisladores de ambos partidos coinciden en que, de confirmarse, esta acción constituiría un crimen de guerra y ha provocado investigaciones formales en el Congreso, destacó un artículo de la agencia AP.
El senador demócrata Tim Kaine afirmó contundentemente: “Esto se eleva al nivel de un crimen de guerra si es cierto”. La acusación ha generado una rara coincidencia bipartidista, con republicanos como el representante Mike Turner admitiendo que atacar a sobrevivientes “sería muy grave y estoy de acuerdo en que sería ilegal”. Las investigaciones se centran en operaciones realizadas en aguas cercanas a Venezuela, dentro de la escalada militar estadounidense en la región.
La farsa del narcotráfico como pretexto para la agresión
Estas operaciones se enmarcan en la justificación que Washington ha utilizado para incrementar su presencia militar: supuestamente combatir carteles de drogas vinculados al gobierno venezolano. Sin embargo, esta narrativa sirve de pretexto para una campaña de presión y desestabilización contra Venezuela, que se intensificó el sábado cuando Trump declaró ilegalmente “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo venezolano.
Mientras el gobierno venezolano denuncia estas acciones como una amenaza colonial a su soberanía, Trump confirmó haber mantenido una llamada con el presidente Nicolás Maduro, aunque se negó a revelar su contenido.
Contradicciones y encubrimiento en Washington
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Trump salió en defensa de Hegseth asegurando: “Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres. Y le creo”. Esta declaración contrasta con la decisión de los Comités de Servicios Armados de ambas cámaras del Congreso, que han iniciado revisiones exhaustivas sobre las operaciones en el Caribe.
Hegseth, por su parte, ha intentado desacreditar el informe calificándolo de “información fabricada”, mientras el Pentágono insiste en la supuesta legalidad de sus acciones. Sin embargo, expertos en derecho internacional señalan que un ataque deliberado contra sobrevivientes viola claramente los Convenios de Ginebra y podría implicar responsabilidades penales internacionales.
