Un grave incidente de violencia civil culminó en el asesinato de un inquilino este domingo 23 de noviembre, por manos del neurocirujano Italo Di Pascuale Acosta, quien disparó un arma de fuego contra los inquilinos Eduardo Súnico y su esposa, Elvira Katiuska Viviani González, durante un intento de desalojo irregular.
Eduardo Súnico falleció en el acto, mientras que su esposa resultó gravemente herida y fue hospitalizada. Testigos capturaron el momento en video, el cual muestra al agresor sacar el arma y realizar al menos cinco disparos. Además, las grabaciones confirman que las víctimas no exhibían ningún comportamiento que amenazara al tirador o la vivienda en disputa.
Conducta y sanciones previas del neurocirujano
El presunto homicida, Italo Di Pascuale Acosta, es un neurocirujano cuya profesión implica la preservación de la vida. Pero, este acto de violencia letal para resolver un conflicto de carácter civil genera una profunda alarma social.
Di Pascuale Acosta presta servicios en el Hospital Universitario de Caracas, donde previamente ha sido sancionado por conducta hostil, incluyendo misoginia y actos violentos. Adicionalmente, es jefe del servicio de neurocirugía del hospital Militar “Vicente Salias” en Fuerte Tiuna.
La madre del neurocirujano, la abogada litigante Altagracia Acosta, es la protagonista legal en el conflicto. Ella aparece junto a su hijo en el momento de los disparos, según el material gráfico difundido en redes sociales.
Origen de la violencia
La violencia estalló por la supuesta reivindicación de la propiedad de la “Quinta Canaima”, una vivienda cuya titularidad legal es objeto de fuerte controversia. De hecho, el Movimiento de Inquilinos e Inquilinas ha señalado que la familia Súnico ocupó el hogar durante 20 años.
La propiedad fue adjudicada a Piedad Espinoza hace 30 años en la partición de bienes tras su divorcio del empresario Aba Sadovnik. Tras el fallecimiento de Espinoza en 2014, su hija, Sasha Sadovnik, se declaró heredera universal legal.
Sin embargo, en 2022, el exesposo, Aba Sadovnik, se declaró heredero único y vendió el inmueble a la familia del neurocirujano en una transacción descrita por el Movimiento de Inquilinos como irregular. La abogada Altagracia Acosta luego denunció a los inquilinos por “invasión” en 2024.
Proceso legal y antecedentes
El desalojo irregular se llevó a cabo con presencia policial y se enmarca en la denuncia de 2023 ante el Ministerio Público (MP). La fiscalía 73°, a cargo del fiscal William Márquez y su auxiliar Hayleth Zerpa, tiene a cargo la investigación. La denunciante, Altagracia Acosta, se ha beneficiado de programas de protección para adultos mayores.
Por otra parte, documentos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) indican que Di Pascuale Acosta introdujo en 2008 un recurso administrativo contra una decisión del Hospital Militar que le negaba estudios de postgrado hasta cumplir cinco años de servicio. La Sala Político-Administrativa del TSJ declaró improcedente la solicitud de Di Pascuale.
Condena y precedente peligroso
El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent, y el Movimiento de Inquilinos condenaron enérgicamente el asesinato. En consecuencia, denuncian la “criminalización” de los inquilinos y advierten sobre un peligroso precedente: anteponer la propiedad privada a la vida humana.
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