Estados Unidos volvió a marcar distancia de los principios básicos del derecho internacional al oponerse a un proyecto de resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que busca reforzar la prohibición de la tortura, durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General.
La decisión generó polémica al romper con una tradición de consenso que, durante años, mantuvo este tipo de iniciativas como acuerdos fundamentales en materia de derechos humanos. Esta vez, Washington no solo votó en contra, sino que además intentó deslegitimar el contenido del texto.
En la Tercera Comisión, encargada de los asuntos humanitarios, la representante estadounidense argumentó que las resoluciones han perdido eficacia por su extensión y complejidad. A su juicio, los documentos deberían ser más breves y orientados al futuro, cuestionando incluso formulaciones que, según dijo, se alejan del mandato central de la ONU sobre paz y seguridad.
Sin embargo, estas declaraciones contrastaron con las denuncias formuladas por Cuba en la misma sesión. Su representante recordó que en la base militar de Guantánamo se han cometido actos de tortura durante más de 20 años contra detenidos que nunca recibieron un juicio justo ni una sentencia, sometidos a condiciones consideradas inhumanas y degradantes.
“El rechazo a la tortura es absoluto y está consagrado en nuestra Constitución”, reafirmó el diplomático cubano, al tiempo que denunció que los prisioneros de Guantánamo han sido víctimas de graves violaciones a su dignidad.
La votación reflejó el aislamiento político de Estados Unidos. Apenas contó con el respaldo de “Israel” y Argentina, mientras que Burundi, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea y Rusia se abstuvieron. En contraste, 169 países apoyaron la resolución de un total de 176 presentes.
