La política exterior de la segunda administración del presidente Donald Trump hacia Venezuela ha pasado de la negociación a una escalada injerencista que pretende materializar un cambio en el gobierno nacional, un giro influenciado por la extrema derecha venezolana residenciada en Miami, así lo dio a conocer el columnista Juan David Rojas, en un artículo para la plataforma británica de noticias y opinión UnHerd. Rojas, quien cubre temas relacionados con América Latina en la revista estadounidense Compact, argumenta que “halcones de Miami secuestraron la política exterior de Trump”.
Inicialmente, la Casa Blanca mostró pragmatismo, enviando al enviado especial Richard Grenell a Caracas en 2025 para negociar un acuerdo de “América Primero” con el presidente Nicolás Maduro. Este pacto incluía la renovación de la licencia petrolera de Chevron para exportar crudo venezolano a Estados Unidos a cambio de que Venezuela aceptara vuelos de deportación de sus ciudadanos.
Lamentablemente, este entendimiento se vio frustrado por la intensa presión de las élites de Miami, a quienes Rojas describe como la “capital del cambio de régimen en América”. Figuras clave como el senador Marco Rubio y los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, presionaron a la administración.
El trío de legisladores amenazó con bloquear un proyecto de ley clave de Trump en el Congreso a menos que se rescindiera la licencia petrolera de Chevron. La Casa Blanca cedió, lo que tuvo graves consecuencias, incluyendo la deportación de 238 venezolanos, muchos de ellos disidentes sin antecedentes penales, al Centro de Internamiento de Terroristas (CECOT) en El Salvador.
En medio de las idas y venidas, Marco Rubio aumentó su influencia, llegando a servir simultáneamente como secretario de Estado, asesor interino de seguridad nacional y archivista estadounidense. Rubio negoció un canje de prisioneros con el presidente Maduro para repatriar a los venezolanos del CECOT a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses y, una vez más, la renovación de la licencia de Chevron en julio.
Sin embargo, Rubio y sus aliados de Florida, expertos en la narrativa del “narcoterrorismo venezolano”, persuadieron al presidente Trump de que el cambio de gobierno detendría el flujo de drogas y facilitaría más deportaciones. Este cambio de rumbo también se interpreta como una movida electoral, buscando recuperar el apoyo entre los votantes latinos de Florida.
Rojas advierte que el plan militarista es profundamente defectuoso. Además, destaca que Venezuela es solo un país de tránsito para una pequeña fracción de la cocaína y no tiene relación con el fentanilo, cuya disminución se debe a la cooperación con el gobierno mexicano.
El columnista concluye que, en lugar de arriesgarse a una “Libia post-Gadafi en nuestro hemisferio”, la administración Trump debería marginar a Rubio y sus aliados y retomar las negociaciones con el presidente Maduro.
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