“Más que una moneda, un arma: la stablecoin/dólar, es la punta de lanza para desplazar el símbolo máximo de la soberanía de un país, su moneda nacional, utilizando para ello sus plataformas digitales para la conectividad y la economía en el dispositivo celular”.
En julio del año 2025, EEUU marcó un hito con la promulgación de la Ley GENIUS (Guía y Establecimiento de la Innovación Nacional para las Stablecoins de EEUU), la primera legislación federal importante sobre criptoactivos.
Esta ley establece un marco legal robusto para las stablecoins de pago, definiéndolas explícitamente como un instrumento financiero distinto de los valores o materias primas.
Objetivo principal
Su objetivo principal es generar un marco legal para pagos y liquidaciones con stablecoins, buscando captar deuda de la emitida por el gobierno federal, Secretaría del Tesoro (USD 37.500.000.000.000), y del volumen de circulante global, conocido como M2, que asciende a unos USD 123.3 billones (USD 123.300.000.000.000), de los cuales USD 95 billones, están denominados en dólares estadounidenses.
Para ponerlo en perspectiva, esta masa de recursos monetarios es casi 100 veces el Producto Interno Bruto (PIB) consolidado de todos los países de América Latina, lo que evidencia la desproporción de poder.
Paralelamente, la Ley CLARITY busca delinear la jurisdicción de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission – SEC), y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (Commodity Futures Trading Commission – CFTC) sobre otros criptoactivos, creando un organigrama de supervisión para seleccionar los activos que harán parte de sus ofertas de valores.
La Ley GENIUS
La Ley GENIUS establece requisitos para la emisión de stablecoins de pago: deben estar respaldadas en una proporción de uno a uno con dólares estadounidenses o activos líquidos, como bonos del Tesoro de EEUU. Estas reservas (Reservas Técnicas) deben estar segregadas y no pueden ser reutilizadas.
Solo entidades constituidas en EEUU pueden ser emisores principales, y se prohíbe el pago de intereses a los titulares de stablecoins, eliminando una ventaja económica competitiva frente a los depósitos bancarios, garantizando así la función y nicho de mercado de los bancos comerciales y de la inversión que se realiza en el sistema financiero convencional, que se operacionaliza a través de la plataforma SWIFT (Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales); por donde se realizan el 95 % de las operaciones financieras en ALC.
Esto canaliza la integración del ecosistema bancario tradicional y el ecosistema criptoeconómico a través de las instituciones financieras existentes, como un consorcio de grandes bancos de EEUU (JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup), que ya exploran una stablecoin compartida.
Operatividad
A nivel operativo, este marco facilita una integración controlada de las stablecoins en el sistema financiero tradicional mediante el concepto de “rieles duales”, donde las instituciones gestionan pagos fiduciarios (vía SWIFT), y activos digitales (en redes blockchain).
Esto significa que, en la práctica, cuando un usuario en México o Chile compre stablecoins a través de su App bancaria, estará usando un servicio intermediado por un consorcio estadounidense, incluso si la transacción es local con alguien de su mismo país.
Aunque las instituciones financieras extranjeras no pueden emitir stablecoins directamente en la circunscripción de EEUU, pueden ofrecerlas a través de proveedores de servicios de activos digitales si cumplen con las condiciones financieras y políticas, incluyendo una regulación comparable, registro en la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC – Office of the Comptroller of the Currency – Oficina del Contralor de la Moneda de EEUU), y el mantenimiento de reservas técnicas en instituciones financieras estadounidenses.
Para un banco latinoamericano, esto se traduce en la dependencia absoluta ya que los usuarios utilizarían las plataformas aprobadas desde EEUU.
Este andamiaje regulatorio es clave para que EEUU imponga sus pretensiones hegemónicas y ascendencia política sobre los gobiernos de los países de ALC, y expanda su papel como metrópolis global de los activos digitales, atrayendo y captando capital financiero y talento.
El sistema financiero de América Latina y el Caribe, está profundamente vinculado al sistema de compensación de los EEUU, el SWIFT.
Sobre la banca tradicional
También es importante señalar que la banca tradicional concentra USD 281,4 mil millones, y esto representa un el 93,6 % de la capitalización de toda la región, la cual está manejada por una plataforma interconectada, que avanza en su consolidación tecnológica para establecer los canales de entrada y salida del ecosistema criptoeconómico.
Esta dependencia funcional es tan crítica que, si en el futuro EEUU decidiera restringir el acceso a la plataforma SWIFT, para un determinado país de la región, como se ha hecho con Venezuela, las remesas que reciben y sostienen a millones de familias, las importaciones de medicamentos y hasta el pago de servicios digitales globales como Netflix; así como el flujo financiero de la actividad comercial internacional, se verían paralizadas en cuestión de horas.
Su condición es ínfima (~0,10 %), frente al volumen de deuda y M2 (circulante) en dólares estadounidense que existe en el sistema financiero global, esta situación representa un negocio de inmensas dimensiones para la industria bancaria quienes deben ser habilitados por los gobiernos de ALC.
En otras palabras, es como si el sistema financiero regional fuera una pequeña embarcación atada a un transatlántico, cualquier movimiento brusco de la nave nodriza determina el destino de la embarcación, sin que esta última tenga alguna posibilidad alguna de maniobra y control autónomo sobre el rumbo que desea tomar.
Por: Martín Augusto Román – Tomás Martínez
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